Se establecen también varios procesos administrativos: registro de la aeronave, registro y credencial de operador de dos años de vigencia, renovable previa aprobación de examen sobre la normativa vigente, declaración de responsabilidad solidaria civil o penal por los daños producto de la operación del UAV registrado y declaración jurada de haber recibido instrucción sobre la operación del UAV registrado.

En este sentido la regulación chilena se parece más a la norma para "small drones", publicada en febrero pasado por la FAA, que regula el uso de aparatos de menos de 55 libras de peso. En dicho documento se dictan reglas muy similares a la equivalente chilena y se analiza la conveniencia de incluir una regulación sobre drones de menos de 4,4 libras que permitiría volar sobre personas en el denominado Espacio Aéreo Clase G, es decir, no controlado, pero donde son aplicables las reglas VFR y cuya altura es hasta los 10.000 pies MSL con varias restricciones adicionales. La norma chilena distingue entre volar sobre "áreas pobladas" y volar sobre "aglomeración de personas", lo primero estaría permitido, no así lo segundo.

La norma chilena es transitoria y será aplicable hasta que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o el Sistema Regional de Cooperación para la vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) publique los requisitos técnicos sobre la operación de estas aeronaves lo cual se estima no sucederá antes de 2018. La transitoriedad de la norma también permitirá que los interesados entreguen observaciones y sugerencias que la perfeccionen.

Fuente: www.defensa.com Roberto Sandoval, corresponsal en Santiago de Chile