La apertura del sector aerocomercial ha sido sin dudas una decisión política del Poder Ejecutivo, pero en los hechos es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) – un organismo que debería ser eminentemente técnico – la ejecutora casi por default de decisiones inconexas de política aeronáutica. Esto es así porque Transporte no cuenta con un área específica de aviación civil que diseñe un plan o armonice la actual apertura con el resto de la aviación. Es por eso que ANAC  llama a audiencias públicas, celebra acuerdos, analiza el mercado y, entre otras misiones, elaboraría estrategias para el sector aerocomercial. Que la ANAC incluya estas responsabilidades es particularmente preocupante por la ineficiencia que demuestra para cumplir con sus funciones técnicas y regulatorias específicas. Vaya como ejemplo la demora de meses para realizar vitales inspecciones por trabas burocráticas de sencilla resolución.

Es razonable que en épocas de lógico achicamiento del aparato estatal, no se creen nuevas secretarías de Estado, pero dada la envergadura de los cambios en pleno desarrollo en materia de líneas aéreas, se torna imprescindible que a nivel político exista un organismo específico para la aviación que diseñe y ejecute una política aeronáutica consistente y desvincule a la ANAC de decisiones que no le son propias, sino el plausible crecimiento del transporte de pasajeros por avión podría deparar preocupantes sorpresas.